INSTALACIONES U.C.N

viernes, 5 de octubre de 2018

SOBRE LA INCAPACITACIÓN DE NUESTROS MAYORES


La edad avanzada se asocia en no pocos casos con deficiencias físicas o psíquicas persistentes, como, por ejemplo, las demencias, esquizofrenias o cualquier patología que compromete las capacidades de entender, obrar y gobernarse por sí mismas de la personas que las padecen. Con frecuencia, como consecuencia de estas discapacidades, se derivan situaciones de vulnerabilidad y dependencia en tanto en cuento las personas afectas no poseen una voluntad consciente, libre, o el suficiente discernimiento para adoptar las decisiones adecuadas en la esfera personal y / o en la administración de sus bienes, por lo que quedan a merced de de las decisiones y cuidados de otras personas. Por ello se hace necesaria su protección, fin único de la medida de incapacitación.

Qué es y para qué sirve:
La incapacitación es el procedimiento judicial por el cual un juez declara mediante sentencia la incapacidad de una persona para la realización de determinados actos. Debe ser proporcional a las limitaciones que la enfermedad o deficiencia provocan en la persona, por lo que la sentencia tiene que implicar la menor limitación legal posible; por ello, podrá ser de carácter total (personal y patrimonial) o parcial (patrimonial). La protección de la persona incapaz se ejerce mediante la asignación de un tutor, curador o defensor legal, igualmente asignado por el juez en la sentencia y en la cual se detallarán las obligaciones que debe cumplir para garantizar el bienestar del declarado incapaz.

En qué consiste el procedimiento de incapacitación, quién interviene, quién debe solicitarlo y cuándo:
El procedimiento siempre se inicia con la puesta en conocimiento del Organismo Judicial competente de la situación de vulnerabilidad de una persona física, alegando las causas que justifiquen su incapacidad. Para ello se hace necesaria siempre la intervención de un facultativo (médico, psicólogo) que haya explorado al presunto incapaz y que certifique, mediante informe escrito, la existencia de las patologías o deficiencias persistentes causantes de la incapacidad. 

El juzgado puede ser informado directamente por el facultativo, por ejemplo, el psicólogo de un centro geriátrico en el que reside el presunto incapaz, que determina que en la actualidad concurren causas de incapacidad. En el caso en que el procedimiento sea iniciado por los familiares, deberán informar al juzgado mediante escrito emitido por un letrado y acompañado del informe facultativo pertinente.

En ambos casos, una vez informado el Ministerio Fiscal deberá emitir demanda de incapacitación que se le comunicará al presunto incapaz, quien deberá estar siempre informado (dentro de las posibilidades) del procedimiento al objeto de defenderse, para que en el plazo de veinte días conteste al mismo. Normalmente la persona a la que va dirigido el escrito no tiene capacidad para contestar a la demanda, por lo que se dejará transcurrir dicho plazo. Una vez transcurrido éste, si no se ha dado respuesta el fiscal será quien represente al presunto incapaz.

Dado que el juez puede y debe realizar todas las indagaciones oportunas para determinar si se reúnen las circunstancias legalmente establecidas de incapacidad, solicitará el dictamen pericial (explicación oral en juicio del informe escrito emitido por el o los facultativos que hayan explorado al presunto incapaz). De no ser así, la sentencia será nula. Por lo tanto, necesariamente tiene que intervenir un facultativo y obligatoriamente tiene que haber un dictamen pericial.

Tras citar al presunto incapaz a juicio oral y valorar todas las pruebas pertinentes, así como su situación social y familiar, el juez emitirá la sentencia en la que, como hemos explicado, deben detallarse el alcance de las limitaciones del incapacitado y nombrarse tutor, curador o defensor judicial junto con las obligaciones que éste debe cumplir. No puede existir la incapacitación de alguna persona sin la correspondiente sentencia judicial.

“Dilemas y conflictos”:
En nuestra sociedad es frecuente que los descendientes y cónyuge del presunto incapaz se encuentren ante el conflicto o dilema moral de solicitar la incapacitación de su ser querido. A menudo, como facultativos y testigos de los procesos degenerativos de nuestros pacientes, encontramos casos en los que los familiares nos transmiten su malestar y la sensación de estar fallando a su familiar al promover la privación de derechos como el sufragio universal, la capacidad para decidir sobre aspectos médicos, para gestionar sus bienes. Este sentimiento es totalmente comprensible, sin embargo, no responde adecuadamente a la realidad, pues insistimos en que la finalidad de la incapacitación no es otra que posibilitar que las personas que carezcan de capacidad suficiente para obrar, puedan actuar a través de sus representantes legales o con la debida asistencia, buscando siempre la su protección jurídica, la garantía y preservación de sus cuidados y, por ende, evitar toda posibilidad de abuso sobre su persona.

Asimismo, como peritos, somos testigos de casos en los que, tras fallecer la persona que padecía patologías que le vulnerabilizaron, los familiares se encuentran ante situaciones desagradables e inverosímiles que manifiestan el abuso de otras personas sobre su ser querido. Un ejemplo de ello son las decisiones tomadas por el presunto incapaz incongruentes con aquéllas llevadas a cabo en salud, como la de otorgar sus bienes de una forma totalmente distinta a como siempre manifestó en fases anteriores a su enfermedad y que sugieren la posible manipulación de terceros.

En cualquier caso, basándonos en nuestra experiencia como peritos psicólogos, creemos que la adecuada información a los familiares de las personas vulnerables puede servir de ayuda para resolver todas las dudas y conflictos morales que puedan sufrir y ayudarles a garantizar la protección y el bienestar de sus seres queridos.


*Marrero Macías, R (Coord.) (2010). Procedimiento de incapacitación. En Marrero Macías, R (Coord.). Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer (pp. 7-22). Fundación Reina Sofía, Afal Contigo. PriceWatherHouseCoopers.

Mónica Quinteiro Nuñez y Verónica Rubio Herranz
Psicólogas con Habilitación Sanitaria
Unidad de Psicología Clínica y Forense de UCN

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